El Consejo de Ministros aprobó medidas para suspender desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional y extender contratos de alquiler, en medio de protestas por la crisis de vivienda.

El gobierno de España aprobó un paquete de medidas para reforzar la protección de personas vulnerables frente a los desalojos, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2030 en determinados casos. La decisión se produjo tras las movilizaciones generadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que había vivido durante siete décadas en la misma vivienda.

La nueva normativa establece que los procedimientos podrán quedar suspendidos cuando la persona afectada se encuentre en situación de vulnerabilidad, no disponga de una alternativa habitacional y el inmueble pertenezca a determinadas entidades dedicadas a la adquisición de viviendas o carteras de créditos impagos. El decreto también contempla mecanismos específicos cuando el propietario no pertenece a ese grupo.

La iniciativa fue aprobada después de varios días de protestas y acampadas en Madrid y otras ciudades, impulsadas por organizaciones de inquilinos que reclaman cambios en las políticas habitacionales. El caso de Abascal se convirtió en uno de los principales ejes de las movilizaciones, que incluyeron una concentración en la Puerta del Sol.

Además de las medidas contra los desalojos, el gobierno español aprobó una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler hasta 2028 y modificaciones destinadas a reforzar la protección de los inquilinos. La regulación también incorpora cambios sobre los alquileres temporarios y por habitaciones.

El paquete deberá ser sometido a votación en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. Las organizaciones de inquilinos reclaman, entre otras medidas, renovaciones automáticas de contratos y mayores restricciones a los aumentos de alquiler, mientras distintos partidos plantearon reparos sobre el impacto de las reformas en los propietarios.

La crisis habitacional constituye uno de los principales factores detrás de las movilizaciones. La normativa aprobada por el Consejo de Ministros reconoce el aumento de los precios de la vivienda y la presión que representa el alquiler sobre los ingresos de los hogares, en un contexto en el que la demanda de viviendas supera la oferta disponible en distintos puntos de España.