El relevamiento realizado tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo detectó inconsistencias entre los registros de dos áreas del organismo y cuestionó mecanismos utilizados para efectuar pagos.

Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas del organismo, que estuvo bajo la conducción de Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

El relevamiento fue realizado por la intervención del organismo y tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025. El trabajo incluyó el análisis de pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, personal y declaraciones juradas.

La diferencia surgió al comparar la información proporcionada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que tenía a su cargo programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el mayor monto de deuda, aunque también advirtió que podían existir variaciones en los importes y su clasificación debido a posibles errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass quedó además bajo análisis judicial en una causa que investiga presuntas irregularidades en procesos de compras y un posible esquema de coimas de hasta el 20%. La investigación fiscal también contempla acusaciones vinculadas con supuestos sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

La auditoría cuestionó además el uso de la figura de legítimo abono, utilizada para pagar bienes y servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente hayan atravesado los procedimientos ordinarios de contratación. Hasta la fecha de corte, el organismo continuaba recurriendo a este mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.

El informe no pudo determinar cuáles fueron específicamente los pagos realizados mediante legítimo abono, pero estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron un total de $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. Las diferencias detectadas quedaron incorporadas al análisis de la situación administrativa y bajo la atención de la Justicia.