La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar contra Rockhopper y Navitas que alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

La medida fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto a partir de una presentación realizada por un excombatiente de la guerra de Malvinas y alcanza las distintas etapas previstas para el desarrollo del emprendimiento, entre ellas las perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos.

El fallo también contempla medidas vinculadas con el financiamiento del proyecto. Las compañías deberán informar la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y fondos involucrados, los desembolsos realizados o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas, además de los estudios ambientales, evaluaciones de riesgo, modelos de posibles derrames y planes de contingencia.

La resolución establece además que las empresas deberán detallar las obras e instalaciones terrestres y portuarias realizadas o proyectadas para respaldar el emprendimiento, así como eventuales ampliaciones y nuevos pozos. La jueza aclaró que se trata de una medida cautelar y que no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías ni sobre el conjunto de cuestiones planteadas en la causa.

Borruto solicitó a la Cancillería que, en un plazo de diez días, informe si las empresas involucradas contaron con algún permiso o autorización de la República Argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las islas o en los espacios marítimos correspondientes a la Plataforma Continental Argentina.

Por otra parte, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental deberá informar si existe algún procedimiento iniciado para analizar el impacto ambiental de Sea Lion y sus eventuales ampliaciones. También tendrá que precisar si fueron emitidas declaraciones de impacto ambiental, certificados de aptitud ambiental u otros actos administrativos equivalentes.