La Cancillería cuestionó el documento difundido por el Reino Unido y aseguró que promovería actividades comerciales e hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas.

La Cancillería expresó su rechazo a la guía publicada por el Reino Unido bajo el título Haciendo negocios con las Islas Malvinas, al considerar que busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó la posición argentina respecto de la soberanía sobre los archipiélagos y sostuvo que forman parte del territorio nacional y se encuentran bajo ocupación británica. La cartera encabezada por Pablo Quirno cuestionó así el contenido del documento destinado a empresas interesadas en desarrollar actividades en las islas.

El gobierno informó además que envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mientras que mantiene abiertos unos 60 procedimientos administrativos. También señaló que presentó tres denuncias penales que involucran a 10 compañías y sus directivos por actividades vinculadas con las islas.

La postura de la Cancillería se suma a las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había anticipado que el gobierno ampliaría una denuncia judicial presentada contra empresas que desarrollan actividades en Malvinas. El funcionario sostuvo que se utilizarán los mecanismos disponibles para impedir operaciones que, según la posición oficial argentina, afecten los derechos y el reclamo de soberanía del país.

En paralelo, Ravier se refirió a la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y señaló que tendrá funciones logísticas vinculadas con la proyección argentina hacia el Atlántico Sur. Según explicó, la infraestructura permitirá fortalecer las tareas de vigilancia y control de los recursos naturales y del espacio marítimo.

La controversia se produce en el marco de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. El gobierno argentino volvió a plantear que las actividades económicas desarrolladas en el área deben respetar su posición sobre la soberanía y anunció que continuará con acciones administrativas y judiciales frente a empresas involucradas.