El gobierno de Rodrigo Paz prevé retirar la subvención desde enero de 2027 y avanza con un plan para reducir el gasto estatal y cerrar compañías deficitarias.

El gobierno de Bolivia defendió su decisión de eliminar desde enero de 2027 el subsidio estatal a los combustibles y negó que la medida haya sido impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, sostuvo que se trata de una decisión vinculada con la política fiscal del país.

La eliminación del subsidio está contemplada en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI. El documento establece que, a partir de enero del próximo año, los precios internos de los carburantes deberán alcanzar niveles que permitan recuperar los costos, mientras se prevé ampliar la asistencia social para reducir el impacto sobre los sectores más vulnerables.

Morales explicó que el Ejecutivo comenzó a reducir parcialmente la subvención a fines de diciembre de 2025 y argumentó que el esquema beneficiaba a determinados sectores y también favorecía a economías de países vecinos. La eliminación total será evaluada hacia finales de este año y, según el funcionario, los recursos liberados podrán destinarse a hospitales, escuelas, rutas e infraestructura productiva.

En paralelo, el gobierno boliviano anunció el cierre de hasta diez empresas públicas deficitarias en los próximos meses. La medida forma parte de un programa destinado a reducir el gasto estatal y mejorar la eficiencia de los recursos. Una evaluación realizada sobre 67 compañías estatales determinó que 15 se encuentran en situación de quiebre técnico.

El ministro aclaró que las empresas no serán cerradas de manera automática, ya que antes deberán analizarse sus activos, pasivos y obligaciones pendientes. La decisión final dependerá de la situación financiera y jurídica de cada compañía y buscará evitar que entidades que no cumplen con sus objetivos continúen generando cargas para el Estado.

Morales también informó que el gobierno logró reducir alrededor de un 30% la carga burocrática de organismos del nivel central y sus entidades dependientes. Según sus estimaciones, esa reorganización permitió generar un ahorro cercano a los 2.000 millones de bolivianos, equivalentes a unos 158 millones de dólares.