El país inició procedimientos contra 15 nuevos actores y elevó a 60 el número de personas y empresas alcanzadas por investigaciones vinculadas con actividades en la plataforma continental argentina.

El gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos por presuntas infracciones a la Ley 26.659, vinculadas con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental. La medida comprende tanto a personas humanas como jurídicas.

Con esta nueva apertura de expedientes, ya son 60 los actores alcanzados por procedimientos administrativos relacionados con la explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas bajo jurisdicción argentina. La ampliación forma parte de un proceso destinado a identificar a quienes participan de esas actividades y determinar las responsabilidades correspondientes.

La normativa vigente establece restricciones para empresas y personas que desarrollen determinadas tareas vinculadas con los hidrocarburos sin contar con la autorización argentina. En ese marco, las autoridades buscan avanzar con investigaciones sobre los actores involucrados y aplicar las sanciones que correspondan en cada caso.

El gobierno reafirmó además su postura respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes. En ese sentido, sostuvo que continuará utilizando las herramientas administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles para defender los derechos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

La ampliación de los procedimientos se suma a las actuaciones iniciadas previamente contra otros 45 sujetos. Las autoridades anticiparon que continuarán con las tareas de identificación y apertura de nuevos sumarios a medida que se detecten otros posibles involucrados en operaciones hidrocarburíferas consideradas ilegítimas.

La medida constituye una nueva acción del gobierno de Javier Milei para reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos en el área de Malvinas. El Ejecutivo señaló que agotará las instancias disponibles para que los responsables de actividades que vulneren la legislación nacional afronten las consecuencias administrativas y jurídicas correspondientes.