CIARA y CEC rechazaron que exista un acuerdo con las empresas regionales, mientras el sector pyme advierte que la apertura del mercado podría concentrar la actividad.

El debate en el Senado por la reforma del régimen de biocombustibles profundizó las diferencias entre las grandes empresas aceiteras y las pymes que actualmente abastecen el mercado interno de biodiésel. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich propone elevar el corte obligatorio y avanzar hacia un esquema de mayor competencia.

La iniciativa plantea llevar el corte de biodiésel del 7,5% al 10% y modificar el funcionamiento del mercado. Desde el sector de las empresas regionales advirtieron que la apertura podría favorecer a las grandes compañías integradas y poner en riesgo la continuidad de las plantas pymes.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) cuestionó especialmente el mecanismo previsto para la transición de las firmas no integradas y planteó la existencia de un posible entendimiento con las cámaras empresarias del sector aceitero. Sin embargo, CIARA y CEC rechazaron que exista un acuerdo formal con las pymes.

Actualmente funcionan unas 25 plantas pequeñas y medianas dedicadas al abastecimiento interno, principalmente en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Según el sector, estas empresas generan alrededor de 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos y alcanzan una facturación anual cercana a los US$ 1.000 millones.

En cambio, la industria del biodiésel y del aceite de soja agrupada en CARBIO y CIARA respaldó el avance del proyecto en el Senado. El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, consideró incluso viable elevar el corte hasta el 12,5%, al señalar que actualmente existen precios competitivos frente al gasoil importado y que una mayor participación del biodiésel podría mejorar las condiciones para las exportaciones de aceite de soja.

El proyecto continúa en análisis en el Senado, donde las distintas posiciones deberán ser discutidas antes de avanzar hacia un eventual dictamen. La disputa enfrenta dos visiones sobre el futuro del sector: una centrada en la apertura y la competencia para promover inversiones y producción, y otra que busca preservar el entramado de pequeñas y medianas plantas que abastecen al mercado interno.