La reforma de la Ley General de Sociedades generó posiciones enfrentadas entre especialistas, funcionarios y legisladores. El proyecto incorpora estructuras basadas en inteligencia artificial y blockchain, mientras sus críticos advierten sobre posibles riesgos regulatorios.

El Senado debatió el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, durante una reunión de la Comisión de Legislación General. La iniciativa propone actualizar el marco legal vigente e incorporar nuevas formas de organización empresarial vinculadas con la tecnología.

Uno de los principales cambios es la creación de la figura de Sociedad Automatizada, diseñada para que una empresa pueda desarrollar su actividad ordinaria mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados para su funcionamiento habitual. El proyecto también contempla las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO, que pueden operar total o parcialmente de manera autónoma mediante tecnología blockchain y participaciones representadas en tokens.

La iniciativa propone además reducir la intervención estatal sobre la organización interna de las sociedades y otorgar mayor relevancia a lo establecido en los estatutos. De aprobarse, las disposiciones de la ley tendrían en buena medida un carácter supletorio frente a las reglas acordadas por los propios socios.

El debate tuvo uno de sus momentos de mayor tensión durante el cruce entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen. El ex funcionario cuestionó la reforma y recordó sus reparos a las Sociedades por Acciones Simplificadas, mientras que Bullrich criticó las decisiones adoptadas por Nissen durante su paso por la IGJ y sostuvo que había excedido sus atribuciones al limitar la aplicación de una ley nacional.

La propuesta también recibió respaldos. Desde la Unidad de Información Financiera destacaron que mantiene los mecanismos de prevención del lavado de activos y suma herramientas como el legajo digital público y la digitalización de libros y registros societarios. Especialistas en derecho, blockchain y emprendedores consideraron que la actualización podría ofrecer un marco adecuado para nuevas formas de negocios y mejorar la competitividad de las empresas argentinas.

En sentido contrario, otros expositores advirtieron que la reforma podría reducir mecanismos de protección y generar inconsistencias jurídicas. Entre las voces críticas estuvieron la fiscal Gabriela Boquín y el juez Julián Flores, quienes coincidieron en que modernizar el sistema no debería implicar una menor protección ni una desregulación sin controles. La Comisión de Legislación General prevé realizar al menos dos reuniones informativas más antes de avanzar hacia un eventual dictamen.