La norma establece que podrán acceder al régimen quienes hayan iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y hayan prestado servicios de manera ininterrumpida hasta el momento de su eventual incorporación a la planta permanente. El proceso no será automático ni obligatorio: los trabajadores deberán acreditar idoneidad mediante una evaluación, cumplir con los requisitos legales de ingreso, contar con un informe favorable del área de Recursos Humanos y aprobar los exámenes correspondientes.

Desde el oficialismo remarcaron que la medida no representa nuevos ingresos al Estado ni un aumento de la masa salarial, ya que se trata de trabajadores que actualmente se encuentran desempeñando tareas. El legislador Lucas Pica sostuvo durante el debate que el objetivo es brindar estabilidad y previsibilidad a quienes ya desarrollan funciones permanentes dentro de la administración provincial.

El alcance de la ley se extiende a distintas áreas del Estado. Según los datos difundidos durante el tratamiento, alrededor del 35% de los trabajadores que podrían ingresar a planta pertenece a Salud Pública, mientras que el resto se distribuye entre organismos y áreas como Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Gobierno y Turismo. También fueron incorporados trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de Hora Cátedra.

La aprobación fue celebrada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que acompañó el proceso con una vigilia frente a la Legislatura. Desde el gremio calificaron la sanción como histórica y destacaron que se trata de uno de los procesos de regularización laboral más importantes de los últimos años en la provincia, mientras que Rodrigo Vicente, titular de ATE Río Negro, señaló que la medida alcanzará a unas 4.200 familias rionegrinas.

El proyecto había sido acordado previamente entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, durante un encuentro realizado el 22 de junio. La ley crea además una Comisión Ejecutiva Central, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones gremiales, y establece un plazo de 60 días hábiles para su reglamentación.