CRÓNICA DIGITAL

Las autoridades del hospital pediátrico reclamaron el pago de prestaciones brindadas a afiliados de la obra social bonaerense. La Provincia rechazó parte de la demanda y aseguró que no registra obligaciones pendientes.

El Hospital Garrahan volvió a quedar en el centro de una disputa entre el gobierno nacional y la administración bonaerense tras denunciar que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) mantiene una deuda superior a los $8.278 millones por prestaciones médicas realizadas a afiliados de la provincia de Buenos Aires.

El reclamo fue formalizado mediante una carta del Consejo de Administración del principal centro pediátrico del país, en la que se cuestionaron declaraciones de funcionarios provinciales que habían asegurado la cancelación de los compromisos pendientes luego de un desembolso superior a los $1.230 millones.

Desde el hospital sostuvieron que ese pago corresponde únicamente a una parte de las obligaciones vencidas y afirmaron que el monto adeudado continúa creciendo debido a la atención permanente de pacientes derivados por la obra social provincial. Según indicaron, más de 44.000 afiliados de IOMA fueron atendidos en el establecimiento desde 2017.

La controversia se profundizó después de que el Ministerio de Salud bonaerense informara que una auditoría interna detectó inconsistencias en gran parte de los montos reclamados. De acuerdo con la Provincia, alrededor del 85% de la deuda denunciada no contaría con respaldo documental suficiente, razón por la cual sólo se reconoció una porción de los importes exigidos.

En ese contexto, IOMA aseguró que no mantiene obligaciones pendientes con el hospital y defendió la validez de los pagos efectuados. Las autoridades del Garrahan, en cambio, advirtieron que la situación afecta la sustentabilidad financiera de una institución de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

A la discusión entre ambas administraciones se sumó un reclamo sindical. Representantes de los trabajadores señalaron que el hospital recibió recientemente ingresos extraordinarios por unos $7.000 millones y reclamaron que parte de esos recursos sean destinados a mejoras salariales, argumentando que existen resoluciones judiciales que respaldan esa demanda.