El ex ministro de Economía afirmó ante el Tribunal Oral Federal N°7 que una auditoría realizada en 2005 detectó indicios de cartelización y costos superiores a los valores de referencia en contratos de Vialidad.
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio oral por la causa Cuadernos y aseguró que durante 2005 surgieron indicios de cartelización y sobreprecios cercanos al 20% en contratos de obra pública vinculados a la Dirección Nacional de Vialidad.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°7, Lavagna recordó que las observaciones surgieron luego de advertencias formuladas por el Banco Mundial, organismo que financiaba distintos proyectos de infraestructura y que manifestó preocupación por la ejecución de los fondos destinados a esas obras.
A partir de esa situación, explicó, el Ministerio de Economía impulsó una auditoría interna y promovió la elaboración de informes técnicos que posteriormente derivaron en la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según señaló, las evaluaciones preliminares detectaron posibles irregularidades relacionadas con prácticas de cartelización entre empresas contratistas.
El ex funcionario también recordó un discurso pronunciado ante representantes de la Cámara Argentina de la Construcción en noviembre de 2005, ocasión en la que expresó públicamente sus cuestionamientos sobre el funcionamiento de determinados procesos de contratación de obra pública.
Consultado sobre su salida del gabinete nacional, Lavagna sostuvo que su alejamiento no respondió a una decisión personal, sino a una determinación adoptada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Además, negó que desde el Ministerio de Economía se hubieran diseñado partidas presupuestarias con el propósito de favorecer a contratistas específicos.
Antes de concluir su declaración, afirmó que no mantenía relación con el Ministerio de Planificación Federal durante ese período. Su testimonio formó parte de una nueva audiencia del juicio oral que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la adjudicación de obras públicas y al financiamiento ilegal de la política.
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