La iniciativa busca establecer reglas de transparencia para las gestiones de intereses realizadas ante funcionarios y legisladores, mediante registros públicos y nuevas obligaciones de rendición de cuentas.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la actividad de lobby y dotar de mayor transparencia a las gestiones que empresas, organizaciones o intermediarios realizan ante autoridades nacionales.
El tratamiento se inició en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde legisladores de distintos bloques expusieron propuestas alternativas y coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la representación de intereses en la toma de decisiones públicas.
Durante el debate, referentes de la oposición respaldaron la regulación de la actividad, aunque plantearon diferencias con la iniciativa oficial. Entre los principales cuestionamientos figuraron el alcance de las sanciones previstas, la necesidad de incluir mayores controles sobre exfuncionarios y la incorporación de obligaciones vinculadas con regalos, viajes, aportes y otros beneficios.
El proyecto del gobierno crea un Registro Público de Gestiones de Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas y declarar los intereses, clientes o beneficiarios que representan. Además, establece que cada gestión deberá quedar documentada con información sobre la fecha, modalidad del contacto y temas abordados.
La iniciativa también fija sanciones económicas e inhabilitaciones para quienes incumplan las normas y obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso a informar las reuniones mantenidas con gestores de intereses. El debate continuará en comisión con el objetivo de alcanzar consensos sobre una regulación que distintos sectores consideran pendiente en el sistema institucional argentino.
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