La iniciativa propone hasta 40 días de arresto y multas con el objetivo de ordenar el espacio público y brindar más herramientas a la policía y la justicia frente a una problemática creciente en la ciudad.
El proyecto, que ya comenzó a ser debatido en la Legislatura provincial, propone elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días para quienes cobren por estacionar vehículos sin autorización. Además, incorpora multas económicas y establece criterios más estrictos para la aplicación efectiva de las sanciones, especialmente en contextos considerados sensibles como eventos masivos o situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
La iniciativa surge a partir de reiteradas denuncias de vecinos y comerciantes, quienes señalan que la actividad informal de los cuidacoches muchas veces deriva en prácticas coercitivas. Según planteó el propio Durand, en muchos casos los conductores se sienten obligados a pagar ante el temor de sufrir daños en sus vehículos, lo que convierte la situación en un problema de seguridad urbana además de una infracción contravencional.
En ese marco, el proyecto también apunta a dotar de mayores herramientas a la policía, fiscales y jueces para actuar con mayor rapidez frente a estas situaciones. La modificación del Código Contravencional incluye la incorporación de nuevos artículos y ajustes en los ya existentes, con el objetivo de que las sanciones tengan un efecto disuasivo real y no queden solo en medidas simbólicas.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca recuperar el orden en el espacio público y garantizar la libre circulación, especialmente en zonas céntricas y áreas de alta concurrencia. Asimismo, remarcan que la medida también apunta a fortalecer el perfil turístico de la ciudad, brindando mayor seguridad tanto a residentes como a visitantes.
Sin embargo, el debate no está exento de polémica. Algunos sectores advierten que el endurecimiento de penas podría derivar en la criminalización de sectores vulnerables que encuentran en esta actividad una forma de subsistencia, y reclaman políticas complementarias de inclusión social y laboral.
En este contexto, la iniciativa de Durand se inscribe en una tendencia más amplia dentro de distintas ciudades argentinas que buscan regular o limitar la actividad de los cuidacoches, en medio de tensiones entre el orden urbano, la seguridad y la cuestión social.
El tratamiento legislativo será clave para definir el alcance final de la norma y su implementación, en un tema que combina demandas vecinales urgentes con desafíos estructurales de larga data.
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