Las medidas incluyen auditorías internas, seguimiento de asistencia y la revisión de sanciones acumuladas, con el objetivo de ordenar la administración pública y garantizar el uso responsable de los recursos.
En los últimos meses, distintos organismos provinciales comenzaron a implementar auditorías internas para relevar situaciones irregulares. Estos controles permitieron detectar casos de empleados con reiteradas inasistencias, incumplimientos sostenidos en el tiempo y antecedentes disciplinarios acumulados, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos y, en algunos casos, en cesantías.
Uno de los aspectos centrales de esta política es el seguimiento más riguroso de la asistencia y el desempeño laboral. A través de registros y controles periódicos, el Ejecutivo busca garantizar que cada trabajador cumpla con sus funciones, en un contexto en el que durante años se consolidaron prácticas permisivas que afectaban el normal funcionamiento de distintas áreas del Estado.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas no apuntan a una persecución, sino a recuperar criterios básicos de responsabilidad y equidad dentro de la administración pública. En esa línea, también se evalúa la posibilidad de avanzar en la recuperación de salarios percibidos sin prestación efectiva, con la intervención de los organismos de control correspondientes.
La decisión de endurecer los controles y aplicar sanciones forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de la gestión pública. En un escenario de crecimiento y mayores demandas sobre el Estado, la administración provincial busca fortalecer su funcionamiento interno, garantizar transparencia y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a donde deben estar.
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