CRÓNICA DIGITAL

La provincia quedó última en la distribución de los ATN, en un reparto que alcanzó a 11 jurisdicciones y tuvo a Corrientes como la principal beneficiada, lo que volvió a poner en discusión los criterios de asignación de estos fondos clave para atender emergencias, sostener servicios esenciales y financiar obras de infraestructura en las provincias.

Según los datos oficiales, provincias como Corrientes, Mendoza y Entre Ríos encabezaron el reparto con montos significativamente superiores, mientras que otras —entre ellas Neuquén— quedaron en el último escalón con transferencias considerablemente menores. Esta situación reavivó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para asignar los ATN, un fondo que, por definición, debería atender emergencias y desequilibrios financieros de manera equitativa.

El punto de conflicto no es nuevo. Los ATN forman parte de una masa de recursos que el Estado nacional distribuye de forma no automática, lo que históricamente ha generado tensiones en el federalismo fiscal argentino. A diferencia de la coparticipación, que responde a parámetros establecidos por ley, estos fondos dependen de decisiones del Ejecutivo, lo que abre la puerta a interpretaciones políticas en su asignación.

En paralelo, el malestar de las provincias se profundiza en un contexto de caída de ingresos. Distintos gobernadores vienen advirtiendo que los recursos transferidos no alcanzan a compensar la baja en la coparticipación y otros fondos nacionales, lo que impacta directamente en la capacidad de sostener servicios básicos y afrontar compromisos salariales.

Con este panorama, la postura de Figueroa se inscribe en un reclamo más amplio por reglas claras y previsibles en la distribución de recursos. Desde su entorno sostienen que el desafío no pasa solo por aumentar los montos, sino por garantizar criterios objetivos que permitan a las provincias planificar a mediano y largo plazo sin depender de decisiones discrecionales.

Así, el debate por los ATN vuelve a exponer una discusión de fondo: el equilibrio entre Nación y provincias en el manejo de los recursos, en un momento donde el ajuste fiscal y la reconfiguración del gasto público tensionan al máximo el esquema de financiamiento del interior.