El mandatario encabezó la firma del contrato con YPF por el gasoducto de la meseta neuquina, que en su primera etapa abastecerá a 500 familias. “No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, afirmó.
La gestión de Rolando Figueroa comenzó a revertir una de las deudas históricas más profundas en el corazón productivo de la provincia. En Añelo, epicentro de Vaca Muerta, más de mil familias carecían de acceso al gas natural al inicio de su mandato, una situación que contrastaba con la riqueza energética que se genera en la región.
Ese escenario comenzó a cambiar con la firma del convenio entre la provincia y YPF para la puesta en marcha del gasoducto de la meseta neuquina, cuya primera etapa ya fue finalizada. La obra permitirá abastecer inicialmente a 500 familias, pero su impacto se proyecta mucho más allá: beneficiará a más de 2.000 personas y marcará el inicio de una transformación estructural en la localidad.
El propio Figueroa fue contundente al describir la situación heredada y el sentido de la obra: “Cuando asumimos más de 1.000 familias no tenían gas en Añelo”, recordó, y remarcó que esta intervención apunta a “eliminar una de las mayores injusticias de la provincia”.
El gasoducto no solo garantiza un servicio esencial para los hogares, sino que también fortalece el desarrollo social y económico de la zona. La infraestructura permitirá transportar alrededor de 100.000 metros cúbicos de gas por día, alcanzando barrios, escuelas, centros de salud y comercios, en una ciudad que crece al ritmo de la industria energética pero que arrastraba déficits básicos.
Además, el proyecto ya tiene continuidad asegurada: la segunda etapa sumará nuevos kilómetros de red para ampliar el suministro y habilitar el consumo industrial, acompañando el crecimiento de Vaca Muerta y potenciando el desarrollo local.
En este contexto, la obra no solo representa una mejora en infraestructura, sino un cambio de paradigma. En una región que produce el gas para todo el país, garantizar el acceso al servicio para sus propios habitantes se convierte en un acto de justicia social y en una señal concreta de un modelo de gestión que busca ordenar prioridades: primero, los neuquinos.
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