El máximo tribunal ratificó la decisión judicial y ahora la definición queda en manos del Poder Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Luis Abraham Bastidas Ramírez, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, requerido por el Principado de Andorra por un presunto delito de blanqueo de capitales. La decisión deja firme la extracción solicitada por la justicia andorrana para que sea juzgado en ese país por el uso de bancos andorranos en operaciones de lavado de unos 5 millones de dólares vinculados a corrupción.
Bastidas Ramírez, detenido en 2018 en la provincia de Córdoba tras un operativo de la policía federal, había llegado a Argentina en 2015 y trabajaba en un kiosco mientras su esposa regenteaba una peluquería. Durante el proceso se negó a ser extraditado y solicitó el reconocimiento como refugiado político alegando temor por su vida si era enviado a Venezuela, argumento que fue rechazado por la justicia federal.
La causa estuvo a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, bajo la conducción del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. Tras una primera negativa por defectos formales en 2020, la Corte Suprema anuló esa decisión y en octubre de 2021 el juzgado declaró procedente la extradición por blanqueo proveniente de la corrupción. La defensa apeló esa resolución, pero ahora el máximo tribunal rechazó sus planteos.
En su fallo, los tres jueces supremos —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron argumentos de la defensa, como la supuesta falta de claridad en la descripción de los hechos delictivos y la prescripción, al constatar que el Principado de Andorra acompañó información sobre la comisión del delito y sobre por qué la acción penal no estaba extinguida.
El delito precedente que sustenta la solicitud de extradición fue informado como “recepción de sobornos a directivos de PDVSA que mediaban en la adjudicación de obras a determinadas empresas a cambio de un precio”. En los procesos de extradición, la Corte actúa como tribunal de revisión, y la decisión final sobre el traslado efectivo corresponde ahora al Poder Ejecutivo argentino.
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