La Justicia provincial avanza sobre empresarios y un exfuncionario acusados de ofrecer dinero a un dirigente sindical para generar conflicto educativo antes del comienzo del ciclo lectivo.
La Justicia de Chubut ordenó allanamientos en oficinas vinculadas al exfuncionario Gonzalo Carpintero, en el marco de una causa que investiga una presunta oferta de sobornos para impedir el inicio de las clases en la provincia.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado en Trelew, José Severiche, quien señaló a empresarios locales y a exfuncionarios por intentar inducir un conflicto sindical.
La fiscalía especializada dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros audiovisuales, en conjunto con personal policial. Con esos elementos, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría realizado la reunión, secuestrándose teléfonos celulares y material de cámaras de seguridad.
Según consta en la presentación judicial, Severiche fue contactado por un empresario que lo convocó a una reunión con Carpintero. En ese encuentro, siempre de acuerdo con la denuncia, le habrían pedido que impulsara medidas gremiales para evitar el inicio del ciclo lectivo previsto para el 23 de febrero.
El exfuncionario mencionado ocupó diversos cargos en el Ejecutivo provincial y su trayectoria terminó con una condena por corrupción en causas anteriores, vinculadas a enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos, antecedentes que ahora vuelven a quedar bajo análisis judicial.
Fuentes del gobierno provincial indicaron que el trasfondo del caso estaría ligado a intereses económicos, como evitar el pago de impuestos millonarios, frenar cambios en el canon pesquero y bloquear iniciativas legislativas en estudio, mientras la causa continúa en una etapa inicial y con calificaciones legales provisorias.
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