La jueza Patricia López Vergara ordenó restablecer la huella digital como método de registro de asistencia de un empleado que se negó a entregar sus datos biométricos faciales, frenando temporalmente la implementación del nuevo sistema.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió la obligatoriedad del sistema de control de asistencia por reconocimiento facial en el Palacio Lezama, en San Telmo. La medida responde a un amparo presentado por un empleado que rechazó entregar sus datos biométricos.
El conflicto comenzó cuando la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda informó que los dispositivos de huella digital serían reemplazados por un sistema de reconocimiento facial. Los empleados debían registrar sus datos faciales para poder ingresar al edificio y validar su asistencia.
El trabajador demandante explicó que hasta ese momento coexistían dos métodos de registro: la huella digital y el ingreso mediante número de DNI. Sin embargo, al dejar de funcionar el sistema de huella digital, se le registró una ausencia pese a haber cumplido con su jornada.
El amparo sostiene que la medida viola la Ley de Protección de Datos Personales, al considerar los datos biométricos como sensibles, y que se aplicó sin el consentimiento libre del empleado. Además, cuestiona la falta de transparencia sobre si se registró la base de datos ante la autoridad correspondiente o si se realizó un estudio de impacto previo.
En su fallo, la jueza ordenó restablecer el registro de asistencia mediante huella digital y permitir que el demandante ingrese utilizando su número de DNI. También solicitó al gobierno porteño un informe detallado sobre el procedimiento, las bases legales, la existencia de estudios de impacto y alternativas para quienes no deseen brindar sus datos faciales.
La medida cautelar asegura la protección de los derechos del trabajador mientras se evalúa la legalidad del sistema de reconocimiento facial en el edificio público.
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