El gremio ATILRA presentó documentación judicial y financiera que vincularía a la empresa con maniobras ilegales y persecución sindical. También pidieron frenar una escisión societaria para evitar el vaciamiento patrimonial.
El gremio de trabajadores lácteos ATILRA denunció ante la Justicia federal a la empresa Lácteos Vidal por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional, triangulación de fondos ilícitos y graves violaciones laborales. La presentación fue realizada en el marco de la causa Nº 31095/2025.
Según el sindicato, entre las pruebas presentadas se incluye documentación proveniente de la Justicia de Estados Unidos, que mostraría transferencias millonarias desde cuentas ligadas al narcotraficante Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa. También se mencionan aportes por $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023.
“Estamos frente a un caso que trasciende lo laboral: hay un entramado que conecta narcotráfico, poder económico y financiamiento político”, advirtieron los representantes de ATILRA. La denuncia fue acompañada por el abogado de los trabajadores, Julián Martín Coronel, quien pidió frenar la escisión societaria de la firma y suspender el levantamiento de medidas cautelares para proteger los créditos laborales.
Además, se solicitó investigar el origen de los fondos y las maniobras presuntamente vinculadas a Debra Mercer-Erwin, detenida junto a Machado en Texas por tráfico de cocaína. “Esto no es un conflicto gremial aislado. Hay una red de dinero sucio detrás”, señalaron desde el sindicato.
La organización también recordó que la empresa “despidió trabajadores por actividad sindical, incumplió fallos judiciales y durante la pandemia expuso a su personal a condiciones sanitarias riesgosas, lo que derivó en la muerte de un obrero por COVID-19”. Asimismo, denunciaron que la titular de la firma “amenazó a empleados con un arma de fuego” y buscó apoyo en el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, vinculado al espacio político de Bullrich.
“La Cámara tiene una responsabilidad institucional y moral. No puede permitir que el narcotráfico financie empresas ni campañas políticas mientras se pisotean derechos laborales”, concluye el escrito judicial presentado por el gremio.
CRÓNICA DIGITAL 
Deja un comentario